Traducido por Keiti Rubio
Justo antes del invierno, el Consejo Municipal de Albuquerque, cuyos miembros son en su mayoría Demócratas, aprobó una ley llamada “La Ordenanza para la Seguridad de Peatones.” La ley no es más que una manera encubierta de criminalizar a los limosneros e intentar ocultar la pobreza.
En esencia, la ordenanza prohíbe que peatones se paren en las aceras y las medianas de intersecciones concurridas, o en las rampas de las autopistas, para interactuar con los conductores. La ley afirma que no solo aplica a los indigentes, sino que a otros grupos como a los bomberos o a las niñas exploradoras que soliciten donaciones, a pesar de que existen provisiones que le permiten a estos últimos hacerlo siempre que no bloqueen la acera. La ley también prohíbe que los conductores interactúen con peatones (i.e. darles dinero, alimentos o agua), y aquellos que desobedezcan podrían ser citados o hasta multados.
La justificación utilizada para popularizar la ley fue la preocupación por la seguridad de los peatones y ciclistas, dado el alto número de accidentes fatales en Albuquerque en los que vehículos atropellan y matan gente.
Por supuesto, a pesar del lenguaje cortés utilizado para disfrazar a esta legislación como una medida de la seguridad pública, la ley representa un ataque contra la población de indigentes en Albuquerque. Es raro que las organizaciones se vean obligadas a recurrir a los espacios públicos como las aceras para solicitar donaciones, y casi siempre pueden obtener un permiso de los negocios y otros dueños de propiedad privada para conducir recaudaciones de fondos. Los indigentes, por otra parte, no pueden.
Esta ordenanza es especialmente cruel, dado que coincide con la llegada del invierno, cuando los indigentes más necesitan la ayuda. Los limosneros serán “protegidos” de los atropellos, para que puedan morir de hambre y congelación, fuera de la luz pública.
La ordenanza excluye interacciones entre peatones y conductores en situaciones de trabajo en donde un negocio obtenga ganancias, tales como en los drive-thrus o con los obreros de construcción, quienes siempre interactúan con el tráfico.
Albuquerque tiene un larga historia de implementar leyes que discriminan de manera agresiva contra los indigentes. La “Ordenanza contra la Mendicidad Agresiva”, aprobada hace más de una década, ilegalizó el pedir limosna a la entrada de negocios o establecimientos privados. Además, durante su encargo, el alcalde anterior Richard Berry supervisó el cierre de varias instalaciones de desintoxicación y salud psicológica, dejando a los indigentes con necesidades médicas especiales a la merced de la policía o de organizaciones religiosas, las cuales a menudo imponen condiciones antes de proveer ayuda.
Ahora el gobierno local también esta ilegalizando que los pobres pidan ayuda en espacios públicos.
Críticos de la ordenanza puntualizan que viola los derechos de libre expresión y que no es muy específica en cuanto a cuáles acciones son, o no son, ilegales. Tampoco especifica el castigo.
Trudy Jones, la consejera municipal republicana que patrocinó la ley es una gran defensora del Departamento de Policía de Albuquerque, uno de los mas violentos en la nación (Nuevo México tiene una de las cifras mas altas de asesinatos cometidos por la policía en el país). Como respuesta a otro consejero que preguntó si la ordenanza sería ejecutable, Jones respondió con entusiasmo, “Sí, la ordenanza es ejecutable y [APD] está más que dispuesto a ejecutarla.”
APD es infame por brutalizar a y violar los derechos de los indigentes, especialmente a los Americanos Nativos además de aquellos que sufren de adicción o problemas de salud psicológica.
La naturaleza corrupta de APD salió a la luz pública en la primavera de 2014, después de que asesinaran a un indigente, James Boyd, por “acampar ilegalmente” a las faldas de las montañas Manzano.
La “Ordenanza por la Seguridad de Peatones” no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad pública y todo que ver con soluciones reaccionarias a los problemas socioeconómicos creados por el capitalismo. Si a la clase de empresarios y dueños de propiedad privada y sus amigos en el gobierno local verdaderamente les importara la seguridad de los indigentes, hubieran implementado programas financiados por el estado para garantizar la vivienda, un trabajo con salario mínimo y todas las necesidades básicas de todos aquellos que sufren sin hogar. De esta manera nadie tendría que recurrir a mendigar. En lugar de eso, han aprobado legislación diseñada para sacar a los indigentes de las calles, para matarlos y meterlos a la cárcel, para poder embellecer la ciudad a los ojos de empresarios y desarrolladores externos potenciales.
Si tuviéramos una economía socialista, es decir, una economía planeada que estuviera controlada por la clase obrera y diseñada para satisfacer las necesidades de la humanidad, la vivienda y el empleo serían derechos constitucionales.
Si alguna vez queremos ver la erradicación permanente de la pobreza, ¡necesitamos una revolución en los EE.UU.!
