Lo siguiente es una adaptación del próximo libro de Puryear titulado “Encadenado y con Grilletes: El encarcelamiento masivo en América capitalista” (Liberation Books, 2013).
En agosto de 1971, un abogado de la gigantesca industria tabacalera en Richmond, Va., envió un memorándum a un conocido de él en la Cámara de Comercio estadounidense con un sombrío título: “Ataque en contra del sistema de libre comercio estadounidense”. Este mensaje expresaba la preocupación de que no solamente eran los “comunistas, la nueva izquierda y otros revolucionarios” implicados en este ataque, sino que también el sentimiento anticapitalista que emanaba de “elementos de la sociedad que eran sumamente decentes: de las universidades, las iglesias, la prensa, las publicaciones literarias e intelectuales, la comunidad artística, científica y de los políticos”. Todo junto, esto se asemejaba a un “asalto armado en contra del sistema en si”.
El autor de este mensaje era Lewis Powell, quien varios años más tarde se convertiría en un juez de la Corte Suprema. El Memorándum de Powell ofrecía no solamente un diagnóstico de los problemas sociales, si no que también una cura completa: para que las empresas capitalistas lanzaran un contraataque en todas las arenas—incluyendo en la publicidad y en el sistema educacional—para detener la creciente marea revolucionaria.
Aunque es difícil medir en si el impacto del Memorándum de Powell, el documento pone al descubierto el estado de ánimo de la época, inclusive la manera en que piensa la clase dominante estadounidense. Hoy en día, la prensa convencional describe la última parte de los años 60 y el comienzo de los 70s de manera estereotípica, como conflictos culturales y generacionales. Pero en realidad fue un intenso período de conflicto social que elevó las posibilidades para la revolución—tanto para aquellos que la ansiaban, como también para los que le temían. Todas las entidades básicas de la sociedad—el gobierno, el “libre” mercado, el ejército, la policía, el núcleo familiar, la supremacía blanca y otros—se encontraban bajo asedio.
El fenómeno del encarcelamiento masivo también se origina de este período, y no por coincidencia.
Nixon comienza el proceso
Los politiqueros reaccionarios respondieron al conflicto social con un llamado para retornar a la “ley y el orden”. Vincularon a los movimientos masivos con la delincuencia, y en el caso del movimiento de Liberación Negra, como la amenaza desde los barrios negros marginales, o “guetos”. Al ser electo en 1968, Richard Nixon prometió revertir la “anarquía” que el partido Demócrata había permitido, apaciguar a los elementos al margen de la ley, a la misma vez que elevaría los salarios y crearía una retirada “honorable” de la guerra de Vietnam.
La meta de Nixon era construir una nueva base política entre los que él denominaba como la “Mayoría Silenciosa”—a quienes él describía como los estadounidenses que trabajan arduamente, son respetuosos de las leyes, son patriotas, y cuyos intereses habían sido ensombrecidos por los amotinados, los radicales, los hippies y los traidores. La insinuación racista de esta consigna era suficientemente clara y su meta era ganar a la población de los barrios prósperos, a los trabajadores y a los sureños de la coalición del partido Demócrata. Su plataforma se trasformó en un punto de unidad para los Republicanos quienes tenían diferencias con las políticas económicas, como también para los aparatos locales del partido Demócrata en todo el país que se consideraban “étnicamente blancas”, y que eran hostiles hacia el crecimiento de la político de los afroamericanos.
A finales de los 60 y a comienzo de los 70, se generó un incremento simultáneo en diferentes tipos de delitos.
Nixon y los Republicanos utilizaron la “descomposición” del estado derecho y el orden para explicar las violaciones, los atracos y los asesinatos como el resultado de los alzamientos, las manifestaciones de los universitarios y la actividad revolucionaria.
Los Republicanos culparon a los liberales por su “excesiva tolerancia” a la conducta “pervertida”. Spiro Agnew, el vicepresidente de Nixon, dijo: “Al justificar la delincuencia y la violencia y atribuirlas a “causas nobles”, ellos han contribuido a las mismas”. La revista Time explicó el mensaje político de los Republicanos: “La conducta de tolerancia por parte de los liberales-radicales ha conducido a la juventud hacia la revolución, careciendo de valores morales, falta de respeto al orden, elevando los niveles de la delincuencia y consumo de drogas”.
En lugar de admitir que el sistema no había logrado resolver los grandes problemas sociales, incluyendo la drogadicción, la clase dominante culpó de manera más frecuente a los defectos del individuo, los cuales tenían que ser remediados por medio de los “métodos correctivos” del sistema penal y judicial.
El incremento de las fuerzas represivas
Esta respuesta de la clase dominante a la crisis política estaba ligada a la militarización de la policía, a métodos más extensos y severos de encarcelamiento, y a la eliminación de programas diseñados para mitigar la pobreza y otros problemas sociales.
Crecieron en tamaño y fuerza las nuevas fuerzas policiales militarizadas y ampliadas, como también los servicios de inteligencia y los organismos de represión a nivel nacional. Fueron aprobadas leyes más severas para la imposición de sentencias de encarcelamiento.
En los 10 años entre 1966 y 1976, los incrementos en el presupuesto del sistema penal se elevaron a un nivel cinco veces más de lo que se había incrementado en la dedada anterior. En los 10 años entre 1965 y 1975, el número de agentes de policía creció aproximadamente en un 40 por ciento a nivel nacional. En 1974 se invirtieron $15 mil millones en el sistema judicial y penal, 57 por ciento de esos fondos eran para gastos de los departamentos de policía. A nivel federal, el presidente Nixon inauguró la Administración de Asistencia a las Agencias del Orden Público, para desviar considerables cantidades de fondos a los departamentos locales de policía. Entre 1968 y 1972, esta entidad federal recibió $1.5 mil millones en fondos federales, incluyendo $850 millones en 1972 solamente.
Estos programas federales y el clima político ocasionaron el financiamiento más amplio de la vigilancia policial y el encarcelamiento por parte de las agencias de policía estatales y locales. Los gastos de los sistemas judiciales y penales a nivel local se levaron en un 150 por ciento adicional entre 1972 y 1982.
La brutalidad policial y el encarcelamiento masivo tienen motivos políticos
El primer y principal blanco de este auge en el aparato represivo era el movimiento revolucionario en apogeo, y en particular las organizaciones de liberación negra. Agnew describió a los Panteras Negras como “delincuentes anarquistas”, mientras que el Departamento de Justicia los denominaba simplemente como “rufianes”.
Restaurar la “ley y el orden” no era simplemente una estrategia retórica durante la temporada de campaña de elecciones. La meta era socavar los movimientos radicales por medio de la subversión y la violencia extrema, estrategias que en su conjunto serían conocidas como COINTELPRO por sus siglas en inglés, que significan Programa de Contrainteligencia del FBI. Operando conjuntamente con las unidades locales de policía, el FBI declaró la guerra a las organizaciones militantes y radicales de las comunidades oprimidas por su nacionalidad.
Principalmente, el gobierno enfocó sus esfuerzos contra el Partido Panteras Negras, al cual J. Edgar Hoover, director del FBI, denominó como la “mayor amenaza” en contra de la “seguridad” interna de Estados Unidos. Los equipos Especializados en Armas y Tácticas (SWAT), los cuales se han convertido en algo omnipresente por todo el mundo, fueron formados por primera vez en 1968 en Los Angeles para utilizarlos en contra de las oficinas del Partido Panteras Negras.
Esta contraofensiva derechista en contra del emergente movimiento revolucionario sentó las bases para las actuales políticas de encarcelamiento masivo. Primeramente, estrenaron la retórica de “la ley y el orden”, la cual sería utilizada muy efectivamente, aproximadamente una década más tarde, cuando se elevó dramáticamente la población carcelaria.
En segundo lugar, la vigilancia policial militarizada se convirtió en la norma, construyendo un masivo aparato que se sostiene automáticamente, por medio de generar nuevas “guerras”. Lo que comenzó como una guerra en contra de las fuerzas revolucionarias se transformó en la denominada “Guerra contra las Drogas”, y hoy en día en la “Guerra contra el Terrorismo”. Por último, y quizás lo más importante, la represión en contra del brazo más radical de los movimientos sociales de esa época, debilitó significativamente a las fuerzas que hubieran podido ser el principal obstáculo en contra de las políticas de encarcelamiento masivo y la represión policiaca en contra de la población negra en Estados Unidos, una tendencia que aún continúa hasta la fecha.
