A pesar de las amenazas, disturbios, violencia y boicot desatados por las fuerzas más reaccionarias de Bolivia, el sábado, 9 de diciembre, 165 de los 255 integrantes de la Asamblea Constituyente aprobaron en la ciudad de Oruro la nueva Constitución Política del Estado que será sometida a un referéndum popular en el 2008.
Es importante resaltar, que la Asamblea Constituyente es el resultado de la demanda histórica de los indígenas, campesinos y trabajadores bolivianos, quienes hasta la victoria del primer presidente indígena boliviano, Evo Morales, habían sido excluidos de las decisiones políticas y económicas y de los ámbitos sociales y culturales del país. Consecuentemente, por medio de este organismo democrático popular legítimo los excluidos han ejercido su derecho a decidir el porvenir de su país.
La nueva Constitución representa un intento decisivo por descolonizar a Bolivia, proteger la soberanía territorial y transformar la situación de desigualdad económica y de exclusión política y cultural de los explotados y oprimidos, especialmente de los pueblos indígenas que componen el 62% de la población y que además son los auténticos dueños de los territorios que hoy integran a Bolivia. En el artículo primero de la misma se caracteriza al estado como “plurinacional, comunitario, libre, autónomo, descentralizado y unitario”, con lo cual se aspira garantizar el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades indígenas, y al mismo tiempo detener los intentos secesionistas de la oligarquía boliviana.
Naturalmente que aquellos que se benefician del sistema vigente de relaciones de producción basadas en la propiedad privada, sobretodo de la tierra y de los recursos naturales y energéticos, no aceptan esta apertura hacia una democracia plurinacional, participativa e incluyente, que pone en tela de juicio la explotación económica de los trabajadores y campesinos y la opresión y discriminación étnica a la que son sometidos los indígenas; y, que además, propone transformaciones en las áreas de la producción, consumo, administración de los recursos naturales y energéticos, distribución de la tierra y una serie de reformas sociales que beneficiarían a la mayoría de la población boliviana.
La oligarquía, guardiana del estatus quo, desató su furia contra dicha Constitución, especialmente por lo concerniente al artículo 398 que hace referencia al futuro del latifundio. Por medio de un referéndum popular se definirá si son 10 mil o 5 mil hectáreas las que un propietario privado podría tener. En Bolivia existen terratenientes que son “dueños” de hasta 1 millón de hectáreas.
Desde la toma de poder del presidente Evo Morales, la oligarquía terrateniente y la burguesía comercial financiera han venido desarrollando un movimiento secesionista que tiene como objetivo formalizar el poder que ejercen de facto en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando y dividir a Bolivia en dos.
De hecho, la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz, aprobó, al margen de la Constitución Política del Estado, es decir, al margen de la ley, el Estatuto Autonómico, a través del cual se pretende declarar la independencia de estos departamentos.
Detrás de la propuesta de los secesionistas están sus marcados intereses de clase por control político y económico de las regiones más ricas de Bolivia (gas natural, minería, ganadería, agricultura). El punto central de los secesionistas es recuperar el control absoluto sobre los recursos naturales y energéticos, así como también control sobre la tierra: Ellos quieren determinar las relaciones de propiedad sobre la tierra. Los secesionistas quieren tener la jurisdicción de decidir sobre todos los recursos, determinar impuestos, controlar los mercados internacionales y manejarse sin estar sometidos al control nacional, en otras palabras, desean establecer un estado paralelo al de Evo Morales.
La clase dominante boliviana está determinada en desmantelar todos los logros hasta hoy conseguidos por el gobierno de Evo Morales, no solamente que está empecinada en la creación de un estado paralelo, también está creando su policía privada, además de estar organizando formas de represión extremas como la formación de organizaciones juveniles fascistas, por ejemplo: la Unión Juvenil Cruceñista, encargadas de aterrorizar a la población indígena y trabajadora.
Más determinado y optimista se encuentra Evo Morales, quien ha depositado toda su confianza en la fuerza de las masas al afirmar: “Tenemos que ir ahora a la última batalla que es el referéndum. Estoy convencido que vamos a ganar”. Sin embargo, cabe preguntarse si la victoria final será posible por medio de un referéndum, especialmente bajo las circunstancias actuales de extrema polarización de clase.
