El 3 de febrero de 2023, un tren de Norfolk Southern se descarriló en East Palestine, Ohio, exponiendo a los y las residentes a materiales muy peligrosos que continúan afectando su salud hasta el día de hoy. En junio, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) reveló los resultados de su investigación sobre el descarrilamiento, que determinó que la causa del descarrilamiento fue un rodamiento de ruedas defectuoso. Sin embargo, este problema técnico no cuenta toda la historia: esta es, la historia de una industria que ejemplifica la destrucción desenfrenada de la vida humana por parte del capitalismo en afán de lucro.
Según la NTSB, Norfolk Southern Railway y sus contratistas no “comunicaron la expertise pertinente y las opiniones disidentes al comandante del incidente” después del descarrilamiento. La NTSB también determinó que la insistencia de Norfolk Southern “en que los vagones cisternas corrían el riesgo de sufrir una falla catastrófica debido a una reacción de polimerización” era imprecisa. Esto “creó una urgencia injustificada y condujo a la innecesaria decisión de ventilar y quemar cinco vagones cisterna de monómero de cloruro de vinilo descarrilados, para evitar una ruptura de vagones cisterna inducida por la polimerización”. En otras palabras, la columna de gas tóxico de kilómetros de altura, la imagen que llenó todos los principales medios de comunicación, era evitable.
El hecho de que los vagones dañados fueran DOT-111, un modelo de vagón cisterna que se está eliminando gradualmente de utilizar para transportar líquidos inflamables, también contribuyó a la gravedad del desastre. El vagón cisterna DOT-111, según la NTSB, tiene un “largo historial de resistencia mecánica y térmica inadecuada a los choques y propensión a liberar [su carga] en caso de descarrilamiento”. En el caso de East Palestine, se liberaron líquidos inflamables y combustibles después de que tres vagones cisternas sufrieran una rotura mecánica. Cuando los líquidos se incendiaron, el fuego se propagó y expuso otros vagones cisternas al calor. Esto llevó a la irresponsable decisión de realizar un venteo y quema en cinco vagones cisternas que transportaban cloruro de vinilo. El resultado fue una gigantesca nube en forma de hongo que se cernió sobre East Palestine y la zona circundante.
Además, la demora de Norfolk Southern en transmitir la información sobre el descarrilamiento del tren a los equipos de respuesta a emergencias contribuyó a que estos y el público estuvieran expuestos(as) a peligros posteriores al descarrilamiento que continúan afectando gravemente a la población de East Palestine hasta el día de hoy.
Prácticas empresariales irresponsables
Para Norfolk Southern, este tipo de comportamiento irresponsable es algo normal. En 2002, la NTSB concluyó su investigación de un descarrilamiento en Farragut, Tennessee, señalando que la falta de procedimientos de la empresa, en relación con la notificación y el manejo de problemas relacionados con los cambios de vía principales, fue un factor importante en el accidente.
Tras un accidente de tren en Graniteville (Carolina del Sur) en 2005, que causó la muerte de nueve personas por exposición al cloro, los fiscales federales demandaron a Norfolk Southern, por el impacto medioambiental del accidente. Después de que el combustible diésel y más de 10 libras de cloro se derramaran en Horse Creek en Graniteville, Norfolk Southern no notificó al Centro Nacional de Respuesta a tiempo, violó la Ley de Agua Limpia y, además, violó la ley federal Superfund. Los investigadores estatales encontraron vegetación quemada químicamente, así como 1.800 yardas de arroyo contaminado tras el accidente, y al menos 1.000 peces murieron a causa del derrame químico. En octubre de 2022, un tren de Norfolk Southern descarriló en un puente en Sandusky (Ohio), bloqueando una línea de Amtrak, y escombros y vagones cisternas cayeron a la calle.
Si bien, es de esperar que una empresa con un historial como Norfolk Southern, lleve a cabo prácticas irresponsables, su total desprecio por una mínima seguridad pública, y la rendición de cuentas puede dejar asombrados a los reguladores e investigadores. Según la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, Norfolk Southern interfirió en la investigación de la NTSB sobre East Palestine y abusó de su condición de parte en la investigación. Homendy calificó las acciones de Norfolk Southern de “sin precedentes” y “reprochables”. Un intercambio privado con un alto ejecutivo de la empresa, dos semanas antes de la reunión de la junta directiva de la NTSB sobre East Palestine terminó, según Homendy, con una amenaza de Norfolk Southern.
Condiciones laborales abusivas
Aunque Norfolk Southern ha participado sistemáticamente en conductas flagrantes, incluida la supuesta amenaza al presidente de una agencia de investigación del gobierno, la empresa no se diferencia en nada de otras empresas ferroviarias de Clase I (las seis empresas ferroviarias de carga más grandes de Norteamérica), especialmente en lo que respecta al trato a las y los trabajadores. Durante la batalla de 2022 entre las y los trabajadores ferroviarios y las empresas de Clase I, se difundieron ampliamente informes sobre condiciones laborales deplorables y políticas de asistencia draconianas. Las y los trabajadores(as) de BNSF, por ejemplo, tuvieron que elegir entre trabajar o asistir a los funerales de sus seres queridos, a citas médicas y a pasar tiempo con sus familias, como resultado de una política de asistencia que exige que las y los trabajadores estén de guardia el 90% del tiempo. La primavera pasada, se descubrió que Union Pacific socavó las evaluaciones de seguridad gubernamentales de los ferrocarriles y tomó represalias contra las y los trabajadores que denunciaron fallas en los vagones.
Fue necesaria una inmensa presión sobre los transportistas de Clase I para que concedieran siquiera licencias por enfermedad a los trabajadores del ferrocarril. Según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, solo alrededor del cinco por ciento de las y los trabajadores de ferrocarriles de carga de Clase I tenían cobertura de licencia por enfermedad pagada a fines de 2022. Aun así, la administración Biden, “amiga de las y los trabajadores”, se apresuró a bloquear una huelga ferroviaria nacional y, posteriormente, a imponer un contrato que garantiza que las y los trabajadores ferroviarios no tendrían días administrativos por enfermedad. Aunque el DOT informa que, al 25 de junio, el 90% de las y los trabajadores ferroviarios tienen licencia por enfermedad pagada, esta licencia por enfermedad pagada solo existe sobre el papel. Para muchos trabajadores ferroviarios, el derecho a la licencia por enfermedad pagada aún no se ha hecho realidad.
Debemos tener presente que los peligrosos problemas de los ferrocarriles estadounidenses son sistémicos. Las compañías de Clase I y sus propietarios han demostrado que son incapaces de gestionar un sistema ferroviario que satisfaga de forma segura y eficaz las necesidades del público. En su afán de lucro cortoplacista, los magnates de Clase I han estrangulado prácticamente la industria ferroviaria, dejando a su paso a trabajadores y trabajadoras ferroviarios exhaustos, comunidades a las orillas de los ferroviarios brutalizadas, pequeños transportistas estafados y otros grupos afectados. Un sistema ferroviario dejado en manos de los especuladores de Clase I, deja el riesgo de eventos catastróficos para las y los trabajadores, las comunidades a las orillas de los ferroviarios y el público en general inaceptablemente elevado.
La necesidad de propiedad pública
La continua degradación ambiental, el deterioro de las condiciones de trabajo y la certeza de futuros desastres, similares al descarrilamiento en East Palestine, han impulsado a los sindicatos, las organizaciones ambientales, y las y los activistas comunitarios a contraatacar, exigiendo la nacionalización del sistema ferroviario. Railroad Workers United (RWU), un grupo de base de trabajadores ferroviarios sindicalizados de toda América del Norte, que ganó un amplio reconocimiento durante la batalla de 2022 entre los sindicatos ferroviarios y los ferrocarriles de Clase I, está encabezando una campaña por la propiedad pública de los ferrocarriles. La campaña ha sido respaldada por United Electrical Workers, la AFL-CIO de Vermont, el Northern Nevada Central Labor Council y varios sindicatos locales, tales como, el International Longshore and Warehouse Union, la American Federation of State, County, and Municipal Employees, United Steel Workers, Service Employees International Union y otros.
Al vincular los intereses de las y los trabajadores, las comunidades al borde de los ferroviarios, el medio ambiente y el público en general, RWU y sus aliados están dando un paso crítico hacia la expropiación de los especuladores capitalistas de la industria ferroviaria. Con un apoyo público masivo, la lucha por la propiedad pública del sistema ferroviario será un gran paso en el largo camino de la revolución de la clase trabajadora.
Foto destacada: “Audiencia de investigación de la NTSB en East Palestine, Ohio” de NTSBgov está marcada con Public Domain Mark 1.0.
