Hoy es un día trascendental para la política de inmigración de los Estados Unidos: el Título 42, la medida impuesta por primera vez hace más de tres años que se ha convertido en una pieza central de la política fronteriza estadounidense, está expirando. El Título 42 constituyó una prohibición casi general, aparentemente por razones de salud pública, de las personas que ingresan a los EE. UU. para solicitar asilo. Sin embargo, la administración Biden está implementando una serie de medidas represivas nuevas para tomar su lugar en otra de sus promesas rotas para el movimiento por los derechos de los inmigrantes.
La administración anunció que desplegaría 1,500 soldados adicionales de la Guardia Nacional en la frontera entre EE. UU. y México, lo que elevaría el número total de soldados en el área a 4,000. La Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (conocido coloquialmente como ICE) están aumentando su capacidad para retener a miles de migrantes más en su red de centros de detención conocidos en todo el mundo por sus condiciones inhumanas. La Patrulla Fronteriza abrió dos nuevas instalaciones de detención esta semana, y ICE está aumentando su capacidad para poder encarcelar a 5,000 personas adicionales.
Además de la militarización, la administración Biden está implementando un cambio en la política de asilo de los EE. UU. que podría hacer que el sistema sea casi tan restrictivo como lo fue bajo el Título 42. Bajo la nueva regla, nadie que viaje a través de un país que no sea su país de origen antes de llegar a los EE. UU. sería elegible para solicitar asilo. Una persona de Guatemala, por ejemplo, que viaje a través de México y luego llegue a la frontera de Texas, sería deportada de inmediato. Si llegó una familia completa, se les permitirá permanecer en los EE. UU. durante algunas semanas mientras usan un monitor de tobillo hasta que los llevan a una vista judicial frívola —una nueva práctica llamada Family Expedited Removal Management (Gestión de Deportación Acelerada Familiar).
Efectivamente, la misma política se implementó bajo Trump en una medida que fue condenada por el entonces candidato Joe Biden y finalmente declarada ilegal en los tribunales. La Ley de Inmigración y Nacionalidad garantiza el derecho de casi cualquier persona que llegue a los Estados Unidos a solicitar asilo, y es probable que la política de Biden sea cuestionada sobre la misma base que la de Trump.
Las promesas rotas de Biden
Alrededor de 2.8 millones de personas han sido expulsadas del país bajo el Título 42. La política se convirtió rápidamente en un excelente ejemplo de la hostilidad general hacia todos los inmigrantes y refugiados que caracterizó a la administración Trump, y que Biden prometió revertir en su campaña electoral. La plataforma oficial de Biden decía irónicamente: “Ofrecer esperanza y refugio seguro a los refugiados es parte de lo que somos como país”. La plataforma prometió: “También eliminaremos las barreras injustas a la naturalización, reduciremos los retrasos en las solicitudes y haremos que nuestros procesos de inmigración sean más rápidos, eficientes y menos costosos.”
Pero todas estas fueron mentiras, el tipo de mentiras que los políticos del Partido Demócrata siempre dicen en época de elecciones a los votantes que se preocupan por los derechos de los inmigrantes. La administración finalmente anunció su intención de poner fin a las expulsiones del Título 42 el año pasado, pero esto quedó en suspenso después de que el fallo de un juez impidiera que la medida siguiera adelante. Pero cuando la suerte de la administración en la corte cambió, y un juez diferente ordenó que se suspendiera el Título 42, ¡los abogados del gobierno apelaron el fallo!
Si bien la administración Biden dio a conocer un proyecto de ley de reforma migratoria poco después de asumir el cargo, sabían muy bien que no tendría posibilidades de aprobarse a menos que se eliminara la regla antidemocrática del filibuster en el Senado. Fue puramente un espectáculo para ayudar a Biden a mantener la pretensión de ser un partidario de los derechos de los inmigrantes. Mientras tanto, en el 2021, la violencia brutal en la frontera se intensificó cuando salieron a la luz pública fotos de oficiales de la Patrulla Fronteriza a caballo con látigos persiguiendo a refugiados haitianos, causando indignación en todo el mundo.
Biden, un político de carrera, ve cínicamente este tema en términos de cómo afectará sus perspectivas electorales. Claramente, su equipo ve la inmigración como un tema riesgoso —uno que es un “tema ganador” para los republicanos en sus campañas, pero uno que él debería tratar de evitar y restarle importancia siempre que le sea posible. Pero en la medida en que esto es cierto, es porque él y el Partido Demócrata se niegan a articular un caso de solidaridad entre los trabajadores nacidos en los EE. UU. y los inmigrantes.
Los inmigrantes que llegan a la frontera sur están dejando atrás situaciones en las que les es imposible vivir una vida digna y, a menudo, donde sus vidas están en peligro inminente. Estas situaciones existen en sus países de origen debido a las acciones de las mismas élites que también buscan negarles una vida digna a los trabajadores dentro de los EE. UU. La riqueza obscena de los millonarios y multimillonarios estadounidenses tiene sus raíces no solo en la explotación de los trabajadores estadounidenses, sino también en el extranjero. Para facilitar el saqueo de países de América Latina, Asia y África, el gobierno estadunidense orquesta golpes de estado y lleva a cabo intervenciones militares que siembran el caos y la inestabilidad.
El papel de las sanciones es especialmente crítico en este momento. Muchos de los que llegan a la frontera entre los EE. UU. y México son de Venezuela o Cuba, países que son el blanco de una guerra económica total que solo se ha recrudecido en los últimos años. Durante la administración Trump, se impusieron sanciones integrales a Venezuela dirigidas a todos los aspectos más importantes de la economía del país, especialmente la industria petrolera. Al mismo tiempo, el bloqueo de décadas contra Cuba se intensificó con 243 nuevas medidas y la escandalosamente falsa designación del país como un “estado patrocinador del terrorismo”. Biden ha mantenido con gusto estas crueles políticas, a pesar de la oposición de algunos miembros del Congreso que señalan que la devastación económica causada por las sanciones de los EE. UU. es un importante impulsor de la migración.
No importa de qué lado de la frontera hayan nacido, todos los trabajadores quieren lo mismo: una vida decente en la que estén seguros y en la que puedan satisfacer sus necesidades. Y todos los trabajadores tienen un enemigo común que quiere hacer esto imposible —los ejecutivos corporativos y los políticos que se enriquecen de su sufrimiento. En lugar de temer u odiar a los inmigrantes, los estadounidenses deberían unirse a sus hermanos trabajadores extranjeros en la lucha. Los demócratas no pueden hacer este argumento porque requeriría que persiguieran a los banqueros y directores ejecutivos que financian sus campañas, y a quienes en última instancia le son leales.
Un enfoque socialista de la inmigración
Frente a los demagogos racistas que quieren dividirnos, los trabajadores pueden unirse en torno a un programa sobre inmigración que respete los derechos de los migrantes y aborde las causas fundamentales que los obligan a huir de sus hogares. En lugar de la militarización, la detención y la brutalidad que está desatando la administración Biden, los socialistas abordarían el tema de la siguiente manera:
- Respetaríamos los derechos legales y humanos de los solicitantes de asilo y les permitiríamos ingresar a los EE. UU. para continuar con su reclamo.
- Pondríamos fin a las sanciones y todas las demás formas de intervención contra Cuba, Venezuela y todos los otros países sancionados, incluido el saqueo corporativo de la riqueza de esas naciones.
- Otorgaríamos estatus legal y derechos plenos a todos los inmigrantes que se encuentran actualmente en los EE. UU.
Sin duda, la derecha buscará convertir la situación en la frontera en un tema central del año electoral, y muchos demócratas también se harán eco de su retórica. No hay necesidad de retroceder ante este alarmismo que busca contraponer el bienestar de un grupo de trabajadores con el bienestar de otro. No importa dónde hayamos nacido, podemos unirnos y exigir derechos plenos para todos los inmigrantes y solicitantes de asilo, y exigir que se garanticen empleos, vivienda, atención médica y todas las demás necesidades de la vida para todos.
