Foto: Lula celebra con una multitud de sus partidarios la noche de las elecciones, octubre del 2022. Crédito: @ptbrasil/Ricardo Stuckert
El partido por el Socialismo y la Liberación se une a innumerables personas y organizaciones progresistas alrededor del mundo en expresar su indignación por el intento de golpe de estado llevado a cabo por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro el pasado 8 de enero en Brasil. Ese día, una multitud de miles de personas se dirigieron a la capital del país, Brasilia, y asaltaron y saquearon los edificios de la Corte Suprema, la Presidencia y el Congreso de Brasil. Exigieron intervención militar contra el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, quien derrotó a Jair Bolsonaro en las elecciones democráticas el año pasado.
Ahora mismo, Bolsonaro está en los Estados Unidos, a donde huyó justo antes de que Lula asumiera el cargo de presidente el pasado 1 de enero. Anderson Torres, el ex Ministro de Justicia bajo Bolsonaro, quien la semana pasada fue nombrado Ministro de Seguridad Pública de la capital del país, Brasilia, también está en los EE. UU. Torres parece haber estado involucrado directamente en la planificación del ataque, y por meses Bolsonaro claramente ha estado creando el clima político para un intento de golpe de estado como este con sus acusaciones falsas de fraude electoral. Ninguno de ellos debería recibir la ayuda del gobierno de los EE. UU. –deberían enfrentar la justicia en Brasil.
La Corte Suprema, la Presidencia y el Congreso de Brasil están ubicados en una plaza en Brasilia, cuyo gobernador es partidario de Bolsonaro. Una multitud de miles de personas con el apoyo aparente de algunos de los elementos de las fuerzas de seguridad se juntaron y marcharon en la plaza. Gleisi Hoffman, la Presidenta del Partido de Trabajadores, dijo que “El gobierno del distrito federal fue irresponsable frente a la invasión de Brasilia y el Congreso Nacional. Su crimen es contra la democracia”.
Lula no estaba en la capital, estaba brindando ayuda a las víctimas de una inundación en la ciudad de Araraquara. Pocas horas después del ataque, Lula anunció que iba a movilizar fuerzas de seguridad federal para reestablecer el orden y defender la democracia contra este indignante ataque. “Aquellos que llamamos fascistas, lo más nefasto en la política, invadieron el palacio presidencial y el Congreso”, dijo Lula, y denunció “la incompetencia y la mala fe de las personas que están a cargo de la seguridad en Brasilia”. Ese mismo día, Flávio Dino, el Ministro de Justicia, declaró: “Este intento absurdo de imponer su voluntad va a fracasar”.
Bolsonaro parece estar aislado internacionalmente, pero no porque sea un oponente de los EE. UU. y de otros poderes imperiales –hasta la administración Biden y otros gobiernos del occidente saben que apoyar abiertamente un golpe por Bolsonaro, justo después de su derrota electoral, solo lograría desacreditar y desestabilizar el imperialismo en América Latina y el resto del mundo.
Este intento de golpe ocurre en un momento en el que la política brasileña se encuentra en una coyuntura. Desde el 2019 hasta finales del año pasado, el gobierno de Bolsonaro implementó políticas que causaron desastre tras desastre en Brasil. Bolsonaro es responsable del manejo criminal de la pandemia, políticas económicas antiobreras, destrucción ambiental masiva y mucho más. Ha promovido racismo rabioso y mortal contra afrobrasileños y brasileños indígenas, y a menudo expresa opiniones asquerosamente prejuiciosas contra las mujeres y personas de la comunidad LGBTQ.
Las tendencias fascistas de Bolsonaro tienen raíces profundas en la política brasileña –Bolsonaro es partidario de la dictadura militar que controló el país de 1964 a 1985, gobierno que era aliado de los EE. UU. Lula emergió como figura política nacional como oponente de este régimen asesino, y los movimientos populares de Brasil siguen determinados a defender los derechos democráticos que tanto les ha costado ganar.
La presidencia de Bolsonaro fue posible gracias al golpe parlamentario que expulsó al Partido de Trabajadores del poder en el 2016. La entonces presidenta, Dilma Rousseff, fue acusada de cargos falsos por el congreso controlado por la derecha. Y en un complot que ahora ya ha sido expuesto al público, fiscales y jueces de derecha conspiraron para fabricar cargos falsos de corrupción contra Lula, la figura política más popular del país, quien desde el 2003 al 2010 lideró la primera administración del Partido de Trabajadores. En el 2018, Lula fue arrestado a base de esas acusaciones completamente falsas. Esto le impidió participar en las elecciones presidenciales de ese año, en las que se pronosticaba derrotaría a Bolsonaro.
Pero gracias a los movimientos populares en Brasil, a los que se unieron grupos de todo el mundo, Lula fue liberado en el 2019. Ganó las elecciones del año pasado, comprometiéndose a reconstruir el país después de la devastación de los años bajo Bolsonaro, implementar programas sociales y seguir una política exterior independiente que apoye la unidad de América Latina. Los eventos del 8 de enero son un intento desesperado de la derecha de anular la voluntad democrática de la mayoría de los brasileños. El Partido por el Socialismo y la Liberación se une a la gente de Brasil en resistencia contra este ataque.
