El 23 de mayo, el Tribunal Supremo asestó un nuevo golpe al derecho de los presos a impugnar su encarcelamiento injusto mediante el recurso de habeas corpus, el vehículo legal a través del cual se presentan dichas impugnaciones, con su fallo en el caso Shinn vs. Martínez Ramírez. La decisión dejará a miles de personas sin la posibilidad de impugnar sus sentencias en un tribunal federal en situaciones en las que tienen pruebas exculpatorias que sus abogados no presentaron en el juicio.
En el caso Shinn, el Tribunal Supremo consolidó dos casos en los que hombres condenados a muerte alegaban que su derecho a la asesoría legal según la Sexta Enmienda había sido violado cuando cada uno de ellos fue condenado y sentenciado y que, por tanto, sus sentencias eran inconstitucionales. En el primero, el abogado de Barry Jones no investigó adecuadamente su caso. Su abogado no aportó pruebas médicas fácilmente disponibles que habrían destruido la teoría del caso de la fiscalía. En el segundo, David Martínez Ramírez no habría podido ser condenado a muerte según la Constitución si su abogado hubiera aportado pruebas de su discapacidad intelectual. En estos casos, los abogados fallaron a sus clientes y no presentaron pruebas médicas que bien podrían haber dado lugar a un veredicto de no culpabilidad en un caso, y haber evitado una sentencia de muerte en el otro.
El juez Clarence Thomas, escribiendo para el tribunal, denegó a los dos hombres el recurso de habeas corpus, afirmando que los tribunales federales no están autorizados a conocer nuevos hechos que no se presentaron durante el juicio y las apelaciones iniciales. Este fallo tiene un objetivo: dificultar que los presos impugnen su encarcelamiento, independientemente de que sean realmente culpables. Requiere que un preso se base en los hechos producidos por un abogado ineficaz para demostrar que el abogado fue ineficaz.
Esto parece absurdo e imposible porque lo es y se pretende que lo sea. El tribunal afirma aquí que no se puede demostrar esta prueba porque el abogado ineficaz actuó de forma ineficaz y ahora es el preso quien asume esa carga morbosa.
Thomas también afirma que no hay derecho al habeas corpus en base a que un preso tiene nuevas pruebas de inocencia real. Thomas, como suelen hacer los jueces del Tribunal Supremo cuando escriben sus opiniones más aborrecibles, cita la necesidad de proteger los derechos de los estados como la razón por la que un hombre inocente debe ser condenado a muerte. Thomas escribe: “Los tribunales federales deben conceder un respeto inquebrantable a la centralidad del juicio de un caso penal en un tribunal estatal”. Afirma que la revisión del habeas por parte de los tribunales federales es “una afrenta al Estado y a sus ciudadanos que emitieron un veredicto de culpabilidad tras considerar las pruebas que tenían ante sí”.
No es una afrenta al sentido de la justicia de los jueces del Tribunal Supremo cuando se encarcela a hombres inocentes y se les condena a muerte, pero es una afrenta a la justicia decirle a un Estado que está encarcelando a alguien inconstitucionalmente. ¿Por qué es este el caso?
El contexto crucial: el habeas corpus y el encarcelamiento masivo
A medida que surgía la era del encarcelamiento masivo, cuando la clase dominante recurrió a las prisiones como forma central de control social, lucro y represión política tras el fin de Jim Crow, hubo un gran impulso para reducir la capacidad de los presos para solicitar recursos de habeas corpus. Un mayor número de presos significaba un mayor número de personas condenadas injustamente que solicitan un recurso de habeas corpus.
La erosión de los derechos de habeas corpus por parte de la clase dominante comenzó con la decisión del Tribunal Supremo en el caso Wainwright vs. Sykes, que estableció que una persona que solicite un recurso de habeas corpus tendría que demostrar una causa justa de por qué no había presentado la reclamación anteriormente. Esto significa que una persona que disponga de pruebas exculpatorias tendrá que justificar por qué no pudo presentarlas antes para que un tribunal federal esté dispuesto a escucharlas. La decisión permite que personas inocentes, con pruebas de su inocencia, sean sin embargo encarceladas y ejecutadas si no han seguido los procedimientos arcanos de los tribunales.
El tribunal utilizó argumentos procesales para sacar a personas inocentes de su sala y regresarlas a la cárcel. Sin embargo, dejó la puerta abierta para las personas que, como los acusados en Shinn, habían recibido asesoría ineficaz.
En 1996, el gobierno federal aprobó la Ley contra el Terrorismo y la Pena de Muerte Efectiva (AEDPA por sus siglas en inglés), que estableció un plazo de prescripción de un año para los recursos de habeas corpus, el requisito de “agotar los recursos disponibles en los tribunales del Estado” antes de solicitar un recurso de habeas corpus federal y la barrera casi infranqueable de que el recurso de habeas corpus sólo podía obtenerse cuando la sentencia del tribunal estatal fuera “contraria a la ley federal claramente establecida o supusiera una aplicación irrazonable de la misma, según lo determinado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”. ¡La aprobación de la AEDPA redujo en un 80% las solicitudes exitosas de habeas corpus!
La decisión de Shinn cierra una de las pocas puertas que Sykes y la AEDPA dejaron abiertas a los injustamente condenados que quieren salir de la cárcel. El Tribunal Supremo utiliza la jerga jurídica para ocultar su verdadero propósito y hacer que parezca justificado que hombres inocentes sean ejecutados bajo su vigilancia. Esto nunca está justificado y tampoco lo está la existencia de la institución antidemocrática que es el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo debe ser abolido
Esta decisión antiobrera, que tendrá un impacto dispar para la gente negra, quienes son las que tienen más probabilidades de ser condenadas injustamente en este sistema racista, no es una anomalía. El Tribunal Supremo es un órgano no elegido y que no rinde cuentas, que sirve como la última línea de defensa de la clase dominante contra todos los movimientos progresistas de este país. El Tribunal Supremo ha puesto en la mira una amplia gama de protecciones que han sido ganadas para los oprimidos y los trabajadores de este país, ya sea erosionando los logros del movimiento de los derechos civiles al eliminar la Ley de Derecho al Voto y declarar como inconstitucionales los planes de desegregación de los autobuses o eviscerando los logros del movimiento de los derechos de la mujer con la posible anulación de Roe vs. Wade.
El Tribunal Supremo está al servicio de la pequeña clase de millonarios y multimillonarios que gobiernan este país. A la clase dominante le importa poco la inocencia de la mayoría de los negros, casi exclusivamente de la clase trabajadora, que se verán afectados por esta decisión. Su único objetivo es obtener beneficios y asegurarse de que el sistema que les enriquece siga funcionando. Su objetivo es el control social, no la justicia. El Tribunal Supremo forma parte de la monstruosa maquinaria estatal que ha encarcelado a más personas en Estados Unidos que en cualquier otro país.
