La Corte Suprema está deliberando luego de escuchar los argumentos de la decisión de Mississippi de prohibir el aborto después de la semana 15 del embarazo. Los seis jueces que constituyen la súper mayoría conservadora de la Corte Suprema ya han señalado su intención de ratificar la prohibición, con varios de los jueces insinuando que el derrocamiento completo del precedente Roe versus Wade es una posibilidad.
El 1 de diciembre un grupo de manifestantes se juntaron frente a la Corte Suprema para defender los derechos al aborto. Al mismo tiempo, grupos de la extrema derecha y de fundamentalistas religiosos esperan que esto sea la culminación de una campaña de décadas cuyo objetivo siempre ha sido la merma de los derechos de la mujer, esta vez arrebatándoles el derecho fundamental de controlar sus propios cuerpos. Pero hay personas en todo el país que se están movilizando para luchar. A pesar de que los comentarios de los jueces parecen pintar un cuadro sin mucha esperanza, aún hay tiempo para que la decisión se les quite de las manos completamente: un acto del Congreso podría legalizar el aborto a nivel federal.
Actualmente, la sesión está enfocada en definir “carga excesiva” y “viabilidad”, dos términos cruciales usados en Roe versus Wade (1973) y Planned Parenthood versus Casey (1992). El primer término busca identificar el punto en el que la legislación impone cargas innecesariamente restrictivas para obtener un aborto. El segundo término se refiere al punto de desarrollo en el que un feto puede sobrevivir fuera del vientre, generalmente a partir de la semana 22 a 24 del embarazo.
El presidente de la corte, el juez John Roberts —un conservador nombrado por George W. Bush quien irónicamente ahora es considerado uno de los votos moderados de la corte— sugirió que está buscando una concesión en cuanto a la decisión. Su argumento asqueroso es que la carga establecida al disminuir el plazo de la semana 24 a la 15 es insignificante y que la prohibición impuesta por Mississippi debería ser sostenida en base a ese plazo más corto.
Las mujeres de clase trabajadora van a ser las más afectadas por este ataque. Mientras que las mujeres adineradas podrán sobrepasarlo con relativa facilidad, si el aborto es prohibido después de la semana 15, las mujeres de clase trabajadora tendrán solo unas semanas como máximo para tramitar visitas al médico, para pedir días libres del trabajo para el procedimiento (a menudo requiriendo que viajen a lugares distantes), y para discutir su situación con personas de confianza.
En un país sin licencia por maternidad pagada o cuidado infantil universal, hay un número excepcional de factores para considerar antes de decidir continuar un embarazo. De hecho, ¡la licencia por maternidad pagada, el cuidado infantil y otros programas sociales vitales que serían de gran ayuda a mujeres de clase trabajadora son hipocráticamente rechazados por aquellos que escandalosamente se refieren a sí mismos como “provida”! Sin embargo, la pena de muerte, una medida notoriamente racista, no inspira ninguna oposición pasional de estos mismos grupos supuestamente provida.
Estados como Texas, el cual pasó una “ley del latido” que prohíbe abortos después de solo seis semanas, presagian lo que podrían hacer muchos estados si esta decisión termina anulando los postulados principales de Roe versus Wade. El Juez Brett Kavanaugh respalda este futuro, arguyendo que el aborto debería ser un asunto “neutral” cuyo manejo esté en manos de los gobiernos estatales. En preparación para la decisión final, grupos conservadores en todo el país ya han comenzado a recaudar fondos para cabildear a favor de una prohibición total del aborto a nivel estatal.
La Jueza Amy Coney-Barrett también dio razones chocantes para aprobar la prohibición. Además de la vieja línea conservadora de decirle a las mujeres que pongan a sus hijos en adopción, la jueza también arguyó que es hipócrita que el país esté a favor de una orden de vacunación contra el virus COVID-19, pero que no ordene a sus ciudadanos a llevar embarazos a término. Lynn Fitch, la fiscal general de Mississippi, repitió este razonamiento, diciendo que cree que cuando obligamos a las mujeres a desarraigar sus vidas y cambiarlas después de un embarazo no deseado las estamos “empoderando”.
Estos argumentos son crueles y están completamente desconectados de la realidad. Las mujeres de clase trabajadora conocen las grandes dificultades que se enfrentan para conseguir cuidado infantil, cuidado médico y acceso al aborto; dificultades que los jueces millonarios de la Corte Suprema no tienen que enfrentar. Sin embargo, en esta supuesta democracia, estos nueve jueces no electos, con nombramientos vitalicios, tienen potestad total para eliminar el acceso al aborto a nivel nacional, ignorando el hecho de que el apoyo público por el aborto está en alrededor de 60 por ciento.
La jueza Sonia Sotomayor, una liberal nombrada por Obama, expresó su preocupación de que esta decisión pueda exponer a la Corte Suprema como actor político, lo que según ella deslegitimaría la institución. “¿Podrá esta institución sobrevivir el hedor que esto crea en la percepción pública, de que la Constitución y su lectura son meros actos políticos? No veo cómo esto sería posible.”, dijo Sotomayor, una reflexión clara del miedo que existe en algunos círculos de la clase dominante de que los ultraconservadores de la corte suprema están yendo demasiado lejos y que esto provocará una reacción masiva.
Esto pudo haber sido prevenido si el Partido Demócrata hubiera aprovechado alguna de las muchas oportunidades que ha tenido en las últimas décadas para legalizar el aborto de manera definitiva a través de un acto del congreso. No hay ninguna razón para que la legalidad del aborto esté en manos de la Corte Suprema. Ahora mismo, el Congreso, cuyo control está en manos de los demócratas, podría pasar una ley que legalice el aborto sin necesitar un solo voto republicano.
La decisión final se espera el próximo verano, justo antes de las elecciones de medio mandato, en las cuales se espera que los republicanos retomen el control de ambas cámaras del congreso. Aún hay tiempo para presionar a los demócratas —quienes se proclaman defensores de los derechos de la mujer— para que tomen acción de una vez y por todas. Con lucha militante, las mujeres de clase trabajadora aún tienen una oportunidad de asegurar su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, su salud y sus familias.
