El 15 de diciembre, el legislador demócrata, Luis Gutiérrez (D-Ill.) presentó al Senado la ley HR 4321, “Ley de Reforma Migratoria Comprensiva para la Seguridad y Prosperidad de América de 2009”, la misma que fue apoyada por 89 legisladores en la cámara baja. La administración de Obama afirmó que no tratará la ley hasta que pase la legislación de la salud. No obstante, hay una gran probabilidad de que la administración está esperando que el subcomité del Senado haga una propuesta más conservadora sobre el asunto de inmigración. Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Nacional, supuestamente también presentará una ley administrativa el próximo año.
La presentación de la propuesta HR 4321 refleja la presión acumulada sobre el sistema migratorio quebrantado y la frustración creciente de los grupos pro-inmigrantes quienes no han visto ningún cambio sustancial en esta política desde que los demócratas tomaron control hace un año. De hecho, los dirigentes del Partido Demócrata han hecho todo lo posible durante el debate sobre el cuidado de la salud para apaciguarle a la derecha y asegurarle que los trabajadores indocumentados no obtendrán ninguna ganancia de esta reforma.
La ley migratoria tiene serias fallas en el sentido que acepta la lógica de reforzamiento de “vigilancia fronteriza” pero no desafía la categoría de la “ilegalidad” de los inmigrantes. Esta lógica tan sólo beneficia a los patrones y las corporaciones, quienes gracias a la súper explotación de los trabajadores indocumentados, logran presionar hacia la reducción de todos los salarios. Solamente la legalización completa y la igualdad absoluta entre trabajadores na-cidos en los Estados Unidos y extranjeros podrá revertir esta dinámica.
Sin embargo, la propuesta HR 4321 ya ha sido calificada de “demasiada radical” porque abre el camino para la adquisición de ciudadanía de millones de inmigrantes indocumentados, quienes no deberían volver a sus países (como era requerido por leyes anteriores). Esta tampoco incluye un “programa de trabajadores huéspedes”, el mismo que es la principal demanda de las corporaciones que tienen como objetivo reclutar trabajadores del otro lado de la frontera, pagarles salarios bajos, sin derechos, y luego regresarlos a su país. Los Estados Unidos jamás ha implementado un programa de trabajadores poco calificados que no haya súper explotado a esos trabajadores.
El hecho de que el gobierno federal no ha pasado una reforma migratoria ha dado lugar a que las agencias locales y estatales hayan aumentado sus actividades represivas.
Durante la era de la lucha afroamericana, mientras el gobierno federal le dio la espalda al Movimiento de Derechos Civiles, los departamentos de policía locales en el Sur dirigieron fuerzas de reacción y prejuicio contra los luchadores por la libertad para los afroamericanos. En la actualidad el movimiento en defensa de los inmigrantes está confrontando una situación similar. Mientras que las marchas de los derechos civiles tenían que confrontar a Bull Connor en Birmingham y al Sheriff Jim Clark en Selma, hoy en día, el Sheriff Joe Arpaio está jugando un papel similar.
Un laboratorio para nuevas tácticas
Bajo la ley en Arizona que pasó el 2005, para enjuiciar el tráfico de inmigrantes, la policía local obtuvo la autoridad de reesforzar la ley migratoria. Sin embargo, la ley está interpretada para encausar a los inmigrantes como “co-conspiradores”, lo cual da como resultado que personas como Arpaio utilizan las leyes anti-coyote para procesar a los inmigrantes que cruzan la frontera.
Arpaio ha llevado a cabo la cruzada anti-inmigrante con celo, yendo tan lejos como para organizar y sustituirla por una “pandilla civil” para arrestar a los indocumentados. Las acciones de Arpaio equivalen a sancionar la brutalidad policial contra una parte de la clase obrera. Sus acciones han llamado la atención del Departamento de Justicia, que revocó los poderes de sus diputados, aunque Arpaio ha jurado continuar con sus tácticas de mano dura.
Algunos personas liberales asumen que la administración de Obama se distancia de las tácticas represivas de los ideólogos de derecha y de la administración anterior de Bush, pero este punto de vista no llega a reconocer cuan mal están las cosas bajo esta administración. Los oficiales de esta administración han estado hablando sobre el incremento de la “eficacia” en vez de la expansión directa de medidas represivas para detener la marea de inmigración, pero esto es tan solo un eufemismo para cubrir la opresión creciente.
Bajo la previa administración, existían ya 369 mil personas encarceladas en campos y cárceles creadas para aquellos que violaban la ley de inmigración. Bajo la administración de Obama, se anticipa que 440 mil personas más han sido encarceladas este año. Este es el resultado de redadas continuas y barridas de inmigrantes en las comunidades oprimidas.
Dado que se estima que la población indocumentada esta entre los 12 y los 20 millones, estamos hablando de que del 2 al 4 por ciento de los trabajadores indocumentados y de los miembros de sus familias han sido encarcelados o deportados durante el año. En tres años de esta practica, se podría hacer desaparecer a un décimo de la población indocumentada.
Al ritmo actual, esta forma de criminalización y el encarcelamiento masivo de inmigrantes indocumentados no muestra signos de desaceleración. La opresión de los indocumentados se va agravando por la crisis económica actual, muchos deciden regresar a sus países dentro de este marco actual de severas condiciones económicas y políticas. Ha esto, el ideólogo derechista, Mark Krekorian, ha denominado “desgaste a través del cuplimiento (de una ley)”.
Pero va más allá, de no pasar una ley migratoria comprensiva, algunos de los miembros más derechistas del establecimiento político, como el Senador Jeff Sessions (R-Ala.), están presionando a que solamente se pase la legislación punitiva. En la actualidad, sólo este tipo de leyes está sobre la mesa legislativa junto a la reciente propuesta de Luis Gutiérrez.
Cuando pasó E-Verify (un sistema de Internet que permite a los empleadores determinar la legitimidad de los aplicantes para trabajar en los Estados Unidos), la legislación puso a disposición fondos para 700 millas de construcción de una muralla en la frontera. Esto, y el incremento de fondos para reforzar la frontera, han conducido solamente a más represión contra aquellos que están buscando una mejor vida y obliga a que algunos tomen medidas aun más desesperadas y se crucen por lugares del desierto que son más peligrosos.
Cuando arrestan a estas personas, las meten en nuevas cárceles para inmigrantes. No obstante, las personas encarceladas no son criminales, son trabajadores. El incremento de seguridad en la frontera incluye la militarización de la misma en el cual se incluye dispositivos de vigilancia de alta tecnología y aeronaves no tripuladas.
Aprietan los tornillos
No hay nada nuevo con las redadas y el refuerzo de la frontera. Estas políticas y tácticas han sido utilizadas por las administraciones previas y se continúan usando hasta hoy. Lo que la administración de Obama ha conseguido es que el aparato represivo funcione más “eficazmente”. Ha apretado los tornillos aun más al introducir el sistema E-Verify.
Este sistema electrónico de verificación de empleo—diseñado para asegurar que solamente trabajadores inmigrantes documentados y trabajadores nacidos aquí puedan ser legalmente contratados—ha dado como resultado en el despido masivo de la fuerza laboral inmigrante ya que algunos empleadores no quieren correr el riesgo de mantener empleados indocumentados en sus puestos. Empleadores que apoyan una reforma inmigratoria, como American Apparel, han anunciado a su fuerza laborar que pudieran ser despedidos por temor a la represión y a la auditoria del gobierno.
Hoy en día, los trabajadores indocumentados, no solamente confrontan la posibilidad de mayor vigilancia en la frontera y acoso con las redadas, sino que también podrían perder los medios para su sustento. Nunca antes se ha encontrado un sector oprimido de la sociedad frente a una situación tan precaria. Si se llegase a implementar en su totalidad, ninguna persona sin documentos podría ser contratada bajo E-Verify. Uno de los líderes del movimiento por los derechos de los inmigrantes, Juan José Gutiérrez, del Movimiento Latino USA, resaltó que cerca de 65 mil trabajadores podrían perder sus puestos inmediatamente.
La situación para la comunidad inmigrants y el movimiento proinmigrante es muy difícil. Abandonados a sus propios recursos, los poderosos desean crear un proyecto de ley que sólo atiende las necesidades de las grandes empresas y de la agroindustria o, simplemente, un proyecto de ley que aumenta las medidas de represión.
La única fuerza que pude romper con el estatus quo es la intervención masiva del movimiento popular que tiene como objetivo lograr que los trabajadores y los oprimidos decidan como organizar la sociedad. Esto se puede conseguir—se lo ha logrado anteriormente. Así como Martín Luther King triunfó sobre los Bull Connors y los Jim Clarks de su tiempo, así también, podremos nosotros. Así como el movimiento organizado de trabajadores ganó las ocho horas de trabajo y el derecho a organizarse, así nosotros podremos.
Si no logramos asegurar la aceptación de la ley que reconoce los derechos humanos de los indocumentados y que abre el camino para la obtención de ciudadanía, no solamente serán los inmigrantes los que recibirán un fuerte golpe, sino la clase trabajadora en su conjunto. La única esperanza es que nos organicemos para el cambio, en las calles, en los corazones y las conciencias de los pueblos, en el espacio en el cual la clase domínate nunca espera se produzca el cambio—desde abajo.
