La vida de Mumia Abu-Jamal, líder afroamericano y prisionero condenado a muerte, enfrenta un nuevo peligro. Un fallo pendiente de la Corte Suprema de EEUU sobre el caso en Ohio, podría abrir el camino para que se confirme la sentencia de muerte de Mumia. El caso de Mumia también está frente a la Corte Suprema, pero presentada por los fiscales de Filadelfia con el objetivo de reestablecer su sentencia de muerte.
Los fiscales y los politiqueros de Pensilvania y Filadelfia, con venganza, han intentado en los pasados 28 años, conseguir la ejecución de Mumia.
Él fue sentenciado a pena de muerte en 1983, cuando fue acusado equivocadamente el 9 de diciembre de 1981, del asesinato de Daniel Faulkner, un policía de Filadelfia.
Durante eI juicio de Mumia se realizaron violaciones flagrantes—testimonios falsos de la policía, coerción de los testigos, falta de conducta judicial y fiscal, exclusión de jurados negros, defensa inadecuada y racismo perverso—las mismas que condujeron a una acusación falsa y a la pena de muerte. La cuestión fundamental que ha permitido estas violaciones es el racismo profundo y la naturaleza represiva del aparato gubernamental de Filadelfia y la colusión entre la policía, la fiscalía y las cortes.
Mumia era un periodista radical conocido por cubrir la injusticia flagrante dirigida contra el pueblo afroamericano y en contra de la organización MOVE, que estaba fuertemente atacada por la policía. En su periodismo independiente, Mumia solía exponer la brutalidad racista de la policía y otras injusticias. Años después de su condena, se reveló que había estado bajo vigilancia exhaustiva por el FBI, la policía local y otros organismos, por haber sido miembro del Partido Pantera Negro en su adolescencia. Su filiación política se utilizó en su contra de una manera muy perjudicial durante el juicio.
Sabiendo que la justicia no se puede ganar en los tribunales sin la lucha del pueblo, un movimiento en todo el mundo ha ido creciendo en torno a la lucha por la libertad de Mumia. Los simpatizantes en decenas de países y en los Estados Unidos han movilizado un sinnúmero de acciones en su nombre.
Movilización nacional urgente
Una movilización nacional urgente ya está en marcha para exigir que Eric Holder, Fiscal General de EEUU, escuche los argumentos de que los derechos civiles y constitucionales de Mumia fueron violados durante su arresto, juicio y sentencia.
El 12 de noviembre, simpatizantes de Mumia presentaron en Washington D. C. miles de cartas y peticiones a Holder en el Departamento de Justicia, pidiéndole que examine el caso como una cuestión urgente de derechos civiles.
Existen pruebas tangibles para demostrar la inocencia de Mumia, si se realizara un nuevo juicio.
Sin embargo, como es cierto con miles de otros acusados por el sistema de “justicia” estadounidense, restricciones de procedimiento en las leyes de los Estados Unidos, hacen que una apelación sea virtualmente inefectiva. La pobreza y la imposibilidad de recibir defensa apropiada son los principales factores que conllevan a condenas erróneas, además, las condenas son prácticamente imposible de revertir.
Lo más perjudicial para todos los presos condenados a muerte, es la draconiana Ley de Antiterrorismo y por una Pena de Muerte Efectiva de 1996 (AEDPA), promulgada por el presidente Bill Clinton. Una de sus disposiciones prohíbe a los tribunales federales conceder una apelación a un acusado que haya sido condenado por un tribunal estatal, a menos que haya una aplicación “irrazonable” de la ley federal por el Tribunal del Estado, un hecho casi insuperable. También hay un límite de un año para una última petición de hábeas corpus luego de que las apelaciones directas hayan sido agotadas. Para muchos reclusos, un año no es suficiente para preparar una apelación.
AEDPA es la razón principal para que a Mumia y otros presos condenados a muerte se les han negado nuevas audiencias sobre cuestiones de fondo que pudieran posibilitar que ganen su libertad o que se suprima la pena de muerte.
Un paso positivo en la larga lucha legal de Mumia, fue cuando en el 2001 su sentencia a muerte fue denegada. El juez del Distrito Federal, William H. Yohn, Jr., pronunció que durante la sentencia de 1982, al jurado de Mumia se le había dado instrucciones inapropiadas.
Yohn citó el importante caso Mills v. Maryland, en el cual se estableció la norma en la que la mayoría de un jurado—en lugar de un acuerdo unánime—era suficiente para valorar circunstancias atenuantes para recomendar una sentencia de cadena perpetua en lugar de la ejecución. Aunque esta fue una decisión de un tribunal estatal, Mills v. Maryland ha sido aceptada en muchos casos de apelaciones federales. Pero ahora, Ohio y Pensilvania quieren dejar este caso de lado para poder ejecutar sus “derechos como estados”.
Si la corte afirmara los “derechos de los estados” sobre la pena de muerte, el estado de Pensilvania podría intentar firmar rápidamente una sentencia de muerte en contra de Mumia.
Existe extensa evidencia de venganza y racismo en el caso de Mumia por la policía, la fiscalía, y la justicia de Filadelfia, desde la muerte del policía, Daniel Faulkner.
Apelación de Mumia para un nuevo juicio es rechazada
El 6 de abril del año en curso, la apelación hecha por el propio Mumia para obtener un nuevo juicio fue rechazada por la Corte Suprema de EEUU, en la cuestión de que se excluyó a que personas negras formaran parte del jurado que decidió su juicio.
Al rechazar la apelación de Mumia, la Corte Suprema ignora su propia decisión en el caso que sentó precedente en 1986 Batson v. Kentucky (476 U.S. 79), el cual afirma que el jurado no puede ser excluido debido a su raza, lo cual es una violación a la Enmienda Decimocuarto, la “Cláusula de Protección Igual”.
En la petición a la corte (writ of certiorari), el abogado de Mumia demostró que 11 personas afroamericanas fueron retiradas de la selección del jurado por los fiscales. Solamente dos personas negras formaron parte del jurado, los demás eran blancos. Los afroamericanos forman el 43 por ciento de la población total de Filadelfia.
Un porcentaje abrumador de prisioneros con pena de muerte en Pensilvania son negros. A pesar de que de la población total de Pensilvania de afroamericanos es del 10.8 por ciento, el porcentaje de prisioneros negros bajo pena de muerte es del 59 por ciento, es decir 130 personas de un total de 221.
El juez del juicio de Mumia, Albert Sabo, era conocido como el “el juez de la ahorca”. Sentenció muchas más personas a pena de muerte que cualquier otro juez del estado. De los 17 presos que fuero sentenciado por Sabo a la pena de muerte, que están actualmente en la prisión 14 son negros, uno es blanco y dos son asiáticos.
Una estenografita de la corte, Terri Maurer Carter, firmó un affidávit en una de las subsiguientes apelaciones de Mumia, en la cual ella le escuchó a Sabo diciendo: “Voy a ayudar a que frían a este n—-.”
No obstante de que exista una clara preeminencia de que los derechos civiles y constitucionales de Mumia hayan sido violados, las apelaciones estatales y federales durante todos estos años desde 1982 han sido rechazadas.
Construyendo carreras racistas
Muchos policías y politiqueros han construido sus carreras por medio de la represión sistemática de las personas negras de esa ciudad.
Frank L. Rizzo, conocido por su perversidad racisa, fue comisario de policía desde 1967 hasta 1971, durante este tiempo, las oficinas del Partido Pantera Negra fueron asaltadas, los miembros de MOVE asaltados y la comunidad afroamericana sometida a una gran represión.
Rizzo fue elegido como alcalde entre 1972 a 1980. Ed Rendell, el abogado del distrito quien dirigió la fiscalía de Mumia es ahora el gobernador de Pensilvania y ha prometido firmar la sentencia de muerte de Mumia.
Tom Ridge, quien fue gobernador en 1994 y firmó la sentencia de muerte de Mumia en 1995, firmó más de 224 ejecuciones mientras estuvo en su puesto, cinco veces más que los dos gobernadores anteriores lo hayan hecho en 25 años. Su premio fue haber sido elegido como director de Seguridad Domestica después del 11 de septiembre.
En la actualidad, Seth Williams, fiscal asistente de la ciudad, demócrata y afroamericano, estuvo en campaña este año para la posición de fiscal de distrito. Él prometió en su campana seguir con fuerza la ejecucuión. El 4 de noviembre el fue elegido con el apoyo de 14.600-miembros de la asociación de policías.
La policía y la fiscalía de Filadelfia pretenden ejecutar a Mumia a toda costa. Es imprescindible que el movimiento progresisa levante nuevamenta para oponer la ejecución de Mumia y exigir su libertad.
