 Las enfermeras exigen el derecho de sindicalizarse, Washington, DC, el 13 de júlio Photo: UPI/Eduardo Sverdlin |
Los trabajadores toman decisiones importantes en sus trabajos todos los días. Las enfermeras dan instrucciones de cómo cuidar a los pacientes, los constructores deciden como cumplir con un trabajo de la mejor manera posible, los gerentes de ventas dirigen como deben llevarse las cosas en una tienda, etc. Hoy en día, los empleadores están tratando de utilizar estas decisiones que se toman en los lugares de trabajo cada día como una excusa para privar a millones de trabajadores de su derecho a representación y a los beneficios colectivos.
El problema que se presenta aquí es de una clasificación legal que podría aparecer a primera vista como un asunto técnico para mucha gente—qué significa ser un “supervisor”. Puesto que cualquier persona que es un supervisor no califica para tener representación sindical bajo el Acta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Act), los dueños han estado poniendo mucha presión en los últimos cinco años para expandir los límites de a quien se le considera un supervisor.
La junta administrativa que interpreta al NLRA se le conoce como la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB). Este verano la junta escuchó una serie de tres casos conocidos como los casos del “Kentucky River”, en los cuales se decidirá si millones de empleados clasifican o no bajo la categoría de supervisores.
El NLRA, que también se le conoce como el Acta de Wagner (Wagner Act), es la principal ley federal de trabajo que determina los derechos que los empleados tienen para organizarse y negociar colectivamente con los empleadores los salarios y los términos y condiciones de empleo.
El Acta Wagner entró en vigencia por decisión del Congreso en 1935. El Acta Wagner también clasificó las actividades anti-sindicales realizadas por los propietarios y las acciones de violencia anti-sindicales como “prácticas laborales injustas”. Pasó a raíz de tres huelgas generales masivas en los Estados Unidos en 1934: en San Francisco, en Toledo y en Minneápolis. El presidente de ese entonces, Franklin Roosevelt, y la burguesía vio esta acta como una concesión necesaria para aplacar un levantamiento potencialmente revolucionario de la clase trabajadora y para preservar el capitalismo estadounidense.
A pesar de que el Acta Wagner prometía más derechos para los trabajadores, también sirvió para hacer la lucha más difusa, desviando el poder de los sindicatos hacia las elecciones y las negociaciones en vez de las huelgas.
El Congreso ajustó el Acta Wagner con el reaccionario Acta Taft-Hartley en 1947. A pesar de que el movimiento laboral estadounidense surgió en combate y huelgas en 1946 después del congelamiento de salarios impuesto por el gobierno, que se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial, la aprobación de Taft-Hartley al año siguiente fue una prueba clara del daño que se había cometido contra el movimiento laboral estadounidense por el anticomunismo y la Guerra Fría anti-soviética que se arraigaba por todos lados.
Los comunistas y los socialistas comenzaron a ser expulsados del movimiento laboral estadounidense. Sin su vanguardia militante, el movimiento laboral era debilitado rápidamente por los capitalistas estadounidenses, quienes entraron en la ofensiva para hacer retroceder las leyes que estaban a favor de los trabajadores y que habían pasado gracias a la presión de las huelgas masivas de los años 30.
El Acta Taft-Hartley, entre otras cosas logró que ciertas actividades sindicales pasaran a ser “prácticas laborales injustas”—poniendo un signo de igualdad falso entre los trabajadores organizados y los propietarios capitalistas—y excluyó expresamente a los supervisores de los derechos de representación bajo este acta. Esto dio luz verde a los empleadores para deshacerse de todos los supervisores que podrían simpatizar con las actividades sindicales o de aquellos que no apoyaban la posición de los empleadores en la lucha sindical.
El lenguaje utilizado por él se convirtió en algo extremadamente amplio, permitiendo a los capitalistas y a las cortes clasificar a muchos empleados como supervisores. La ley define a los “supervisores” como individuos que ejercen control sobre la fe del trabajo de otros ya sea por contratarlos, despedirlos, disciplinarlos, promocionarlos, entre otras cosas. También los define como aquellas personas que dirigen el trabajo de otros empleados mientras “ejercitan juicio independiente”. Con el pasar de los años, los reglamentos administrativos y de las cortes han ampliado el concepto y significado de “supervisor” continuamente.
Recientemente, mientras los sindicatos se están organizando en ramas nuevas que formalmente no eran industrias sindicalizadas, como el cuidado de salud, los propietarios capitalistas han usado el lenguaje ampliado de supervisor para sacar ventaja y destruir los esfuerzos de organización o acabar con los sindicatos. Ahora, este asunto puede afectar a millones de trabajadores.
“Creemos firmemente que todas las personas que tienen autoridad para supervisar deben ser exentos,” dijo Stephen Bokat, vicepresidente y cónsul general de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. “Exento” significa que no califica para la membresía de un sindicato.
“No se puede permitir doble lealtad en un local sindicalizado”, se quejó Bokat. “Si [una persona] está dirigiendo a subordinados, entonces, debe reportarse a los gerentes. Pero eso no funcionaría si es que se es también miembro de un sindicato ya que la lealtad estaría dividida”.
La clasificación de millones de empleados bajo la categoría de supervisores sería un golpe enorme en contra de los sindicatos y los trabajadores de muchas industrias. Los trabajadores clasificados de supervisores serían expulsados de sus sindicatos, si es que están sindicalizados, o no podrían unirse a un sindicato si aun no lo están. Esto se convertiría en un gran obstáculo en los esfuerzos para la organización sindical.
Los casos de Kentucky River
 Esta “supervisora” podrian serle negados sus derechos sindicales. Photo: Hector Amezcua |
Los casos de “Kentucky River” basados en los cargos hechos por los empleadores a la NLRB en 2002, podrían afectar el estatus de hasta 8 millones de trabajadores. Los trabajadores organizados temen correctamente que la NLRB, la junta de cinco miembros rotarios asignados por el presidente por un período de cinco años, se pondrá de parte de las grandes compañías—como ya lo han hecho muchas veces en los últimos años.
El asunto de clasificar a los trabajadores bajo la categoría de supervisores no es nuevo. En los últimos doce años en dos ocasiones la Corte Suprema torció la ley para ayudar a los patrones a clasificar a los trabajadores como supervisores—la última vez fue en el año 2001 bajo una decisión llamada el caso de “Kentucky River”.
Hace dos años, el Departamento de Trabajo se movilizó para prevenir que millones de personas calificaran para obtener compensación por sobre tiempo de trabajo, basándose en la reclasificación de empleo.
Esta estrategia es parte de la ofensiva general en contra de los sindicatos montada por los dueños capitalistas y el gobierno. Ellos trabajan sin descanso para dificultar que los trabajadores se organicen en sindicatos o que se queden sindicalizados. Quieren que los trabajadores tengan los menos derechos posibles.
Los ataques en contra de los trabajadores dentro del capitalismo son constantes. El mas reciente de los asaltos más fuertes contra los trabajadores sindicalizados comenzó a finales de los años 70 bajo la administración de Carter y fue significativamente avanzado por el presidente Reagan. Los ataques han continuado con Bush, Clinton y ahora con Bush hijo.
En las últimas décadas las filas de los sindicatos han disminuido por millones. El porcentaje de trabajadores sindicalizados alcanzó su pico en 1953 estando el 32,5 por ciento de la fuerza de trabajo sindicalizada. En el otoño del 2004 los sindicatos representaban tan sólo el 12 por ciento de la fuerza de trabajo no agraria y el 8 por ciento de los trabajadores en el sector privado.
Estas estadísticas no significan que los trabajadores no quieran pertenecer a los sindicatos. La fuerza de trabajo organizada aun representa más de 13 millones de trabajadores y más de 57 millones de trabadores no sindicalizados en los Estados Unidos quieren pertenecer a un sindicato. (IBEW, “Union Busting Business is Booming,” Nov. 7, 2003) Pero los trabajadores y los sindicatos se enfrentan con la oposición ilimitada y sistemática de parte de los empleadores y del gobierno.
Se necesitan nuevas estrategias y tácticas de lucha sindical
La AFL-CIO, una de las dos federaciones sindicales de los Estados Unidos ha estado retando la negación potencial al derecho de sindicalizarse de millones de personas. La federación sindical convocó concentraciones en 21 ciudades en el mes de julio para exigir a la NLRB que proteja y no elimine los derechos de los trabajadores. El 14 de julio, en las afueras de las oficinas de la NLRB, en Washington D.C. se concentraron más de 1.500 miembros y dirigentes de sindicatos. Similares concentraciones tuvieron lugar ese mismo día también en Pórtland, Ore.; Phoenix; Chicago; Milwaukee y Albuquerque, N.M.
La segunda federación sindical del país, Change to Win (Cambiar para vencer), no ha hecho mayores pronunciamientos sobre el asunto, aunque algunos de sus miembros importantes como los Empleados de Servicios se han pronunciado en contra del cambio de clasificación de los trabajadores.
 Los derechos laborales se lograron por las grandes huelgas en los años 30, como esta huelga general del 1934 en San Francisco. Photo: Gen’l Photo Svcs/Getty Imgs |
La AFL-CIO ha lanzado una campaña por la Internet, dirigiendo miles de cartas a los miembros del Congreso. Pero los líderes de los trabajadores nacionales aun no han propuesto ni llevado a cabo ninguna actividad militante más amplia. No se ha dado ninguna campaña educativa en las filas para concientizar sobre este asunto a los trabajadores estén o no estén organizados.
Esto es simbólico de la falta general de tácticas de lucha de clase por la dirigencia sindical en las últimas décadas. En vez de iniciar acciones desde sus filas, el movimiento sindical ha mantenido muchas de sus luchas dentro de los pasillos del Congreso.
La presente lucha sobre el estatus de los supervisores no es diferente. El movimiento sindical está dirigiendo la furia de sus miembros contra la NLRB y la administración de Bush, resaltando el hecho de que los tres representantes recientemente asignados por Bush a la NLRB—de un panel de cinco miembros—tomarán una decisión anti-trabajador en los casos de “Kentucky River.”
Los representantes de Bush están más inclinados en favorecer a los propietarios de las corporaciones. Sin embargo, al enfocar primordialmente en ejercer presión política sobre la NLRB demuestra una confianza en como esta junta funciona. Estos sindicalistas junto a muchos aliados al Partido Demócrata, argumentan que si la NLRB tuviera una composición distinta, efectivamente operaría en función de los intereses de los trabajadores.
Ellos creen que cuando un Demócrata sea presidente, la NLRB se convertiría mágicamente en una organización a favor de los trabajadores porque el presidente podría asignar más miembros que estén a favor del sindicato. Esta noción es totalmente falsa.
Tanto bajo las administraciones de los Demócratas como de los Republicanos en los últimos 70 años, la NLRB ha torcido leyes laborales ganadas con sangre y lucha de millones de trabajadores. Y cuando los esfuerzos de la NLRB no han sido lo suficiente bueno para los capitalistas, entonces, el Congreso y las cortes se han encargado de aplastar los derechos de los trabajadores. Todas las decisiones de la NLRB pueden ser apeladas a las cortes federales de apelación y ultimadamente a la Corte Suprema.
Otras medidas de procedimiento evitan que la NLRB sea efectivo. Cuando la junta determina que los propietarios no cumplieron con la ley—lo que ocurre regularmente—no existe ningún remedio ni ninguna penalidad significante para detenerlos. Las leyes laborales son manipuladas fácilmente por los empleadores.
En el fondo, el papel normal de la NLRB es el de regular los conflictos laborales—de una manera que es beneficiaria para mantener la paz laboral—en beneficio de la clase dominante. Esto lo consigue conduciendo la lucha de clases a una arena mediatizada que garantiza los intereses de las corporaciones. En las ultimas décadas, mientras la militancia laboral ha disminuido, la NLRB se ha convertido más explícitamente en un instrumento para aplastar los esfuerzos organizativos de los sindicatos.
Es una agencia de la rama ejecutiva controlada por el presidente. Ninguna organización creada por los capitalistas puede ser substituto para las luchas vigorosas de las fábricas, plantas, lugares de trabajo y calles, luchas convocadas con el fin de construir solidaridad y conciencia de clase.
